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Inversiones paradas por consultas indígenas totalizan US$13.000 millones

Se trata de una obligación impuesta por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada por el Congreso en 2009.

Esta normativa internacional dispone que “se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente”.

La consulta indígena se instauró con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Hasta ahora, el SEA ha liderado 15 procesos de consulta indígena, de ellos nueve proyectos energéticos y cuatro mineros, que totalizan US$13.005 millones de inversión.

Sólo cuatro de esos procesos ya finalizaron: los mineros Paguanta en Tarapacá y El Morro en Atacama, la línea de arranque y subestación eléctrica Neptuno en la Región Metropolitana y la ampliación de la Planta Arauco (MAPA) de Celco en Biobío.

Del resto, son los proyectos eléctricos los que más han sufrido con la lentitud de la consulta. Existen ocho proyectos de energía solar, eólica, hídrica y de transmisión cuyos procesos están “en curso” y que podrían extenderse, lo que se hace urgente cuando el país requiere de proyectos eléctricos que compensen el crecimiento de la demanda energética, más aún si se trata de energías limpias.

Los otros dos proyectos son mineros y representan por sí solos US$3.000 millones de inversión (la continuidad operacional de Cerro Colorado de BHP y el proyecto RT Sulfuros de Codelco).

Fuente: La Segunda