Preocupación en Codelco respecto de la capitalización de utilidades para el próximo año. Esto, porque un vacío legal en la ley de gobierno corporativo de la minera impediría capitalizar los US$600 millones de las utilidades obtenidas en 2010, y que pasarían a formar parte del plan de financiamiento de la cuprera para 2011.

Ello, ya que el mecanismo de capitalización contemplado en la citada ley no permite la retención de utilidades y, además, no considera un factor clave: la disponibilidad de recursos en el momento que el fisco deba autorizar la entrega de dicho capital, con cargo a las utilidades del ejercicio anterior. Así, en la práctica, el problema sería en 2011, cuando se deba definir la capitalización de utilidades del año 2010.

Fuentes de la alta dirección de la empresa explican que el descalce se origina porque cuando los ministerios de Hacienda y Minería, representantes del fisco en tanto dueño de Codelco, deben decidir la eventual inyección de recursos en junio de cada año -en respuesta a la propuesta que el directorio debe efectuar en marzo anterior-, esas utilidades ya no están en poder de Codelco. Esto, porque la corporación debe transferirlas a las arcas fiscales al cierre de cada trimestre del año, tal como lo estipula la legislación.

En la alta dirección de Codelco piensan que, para que se produzca la capitalización, la Dirección de Presupuestos debe rectificar el decreto del erario 2010, actualmente en ejecución, para permitir que la minera retenga las utilidades del cuarto trimestre del ejercicio, porque las del resto del año ya fueron traspasadas. Así se evitaría el envío de un proyecto al Congreso, decisión que le impondría a la discusión un componente político, y dejaría en manos de los legisladores y no del Ejecutivo la resolución de inyectar los recursos.

En Codelco agregan que en el presupuesto de 2009 se incluyó la autorización para retener el 30% de la utilidad de ese año, es decir, unos US$300 millones, pero en junio de 2010 la junta de accionistas decidió no capitalizar a causa del terremoto. Así, la administración le entregó esa plata al fisco. Esta fórmula no se repitió en el presupuesto de este año, pero podría corregirse mientras ese decreto tenga vigencia, es decir, hasta el 31 de diciembre, dicen en la firma. (El Mercurio).