El tribunal determinó no acoger los recursos presentados en noviembre de 2013 por comunidades diaguitas y huascoaltinas y un grupo de agricultores, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), entregada por la autoridad medioambiental al proyecto.
En sus presentaciones, las comunidades diaguitas alegaron no haber participado de la consulta indígena -tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT-, mientras que los huascoaltinos señalaron que su participación habría sido insuficiente. Por su parte, los agricultores estimaron que el proyecto afectaría recursos naturales y el acceso al agua.
Edesio Carrasco, abogado que representó al SEA en la causa y hoy es socio del estudio Schultz Carrasco & Silva, señaló que la corte estimó que la comunidad diaguita no estaba afectada por el proyecto, mientras que en el caso de los huascoaltinos, se había cumplido a cabalidad con la consulta. “Las comunidades tienen derechos y deberes, y éstas se negaron a participar”, dijo.
El Morro, que se encuentra paralizado por decisión judicial, posee reservas por 6,1 millones de libras de cobre y 8,4 millones de onzas de oro y tendría un costo de US$ 3.900 millones.
Fuente: La Tercera
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