Abogados señalaron que la resolución genera incertidumbre a la inversión y muestra que la nueva institucionalidad ambiental aún no está consolidada. Ello, al considerar que el caso podría haber sido visto por el Tribunal Ambiental (TA) y también porque en 2012 la iniciativa atravesó el mismo proceso, convirtiéndose la resolución de ese entonces en algo no definitivo. Dicho veredicto obligaba a la empresa a cumplir con la consulta indígena con la comunidad de huascoaltinos y establecía que después de ello podía continuar.
“Hay una complejidad grande de la administración de cómo cumplir los fallos que ordena la Corte Suprema, porque de alguna manera el anterior fallo consideraba incluir a una comunidad específica dentro del proceso de consulta indígena y esta nueva resolución lo amplía”, dijo el ex director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Ricardo Irarrázabal.
“La jurisprudencia no termina de consolidarse y esto para el inversionista extranjero genera una gran incertidumbre”, sentenció.
Fuente: La Tercera
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