Para el abogado de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, las favorables condiciones que tiene la empresa en ese trámite se fundan incluso en el paso anterior al organismo ministerial, en la decisión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), principalmente bajo la figura de “falta de motivación” y a las incongruencias con el procedimiento ambiental de más de tres años y medio.
“Lo insólito de lo que ocurre en la evaluación y en la votación, es que el CEA, que se compone por quienes evaluaron ambientalmente, votaron en contra justificando con exigencias que no se hicieron durante la tramitación”, explica Weisner.
El problema surge en las contradicciones respecto del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que aconsejaba aprobar la iniciativa, y que a pesar de no ser vinculante, no es rebatido con argumentos por la autoridad.
Según el jurista, la instancia regional puede considerar que hubo procedimientos incorrectos, pero no entregar nuevas observaciones al proceso. A lo anterior se suma la posterior decisión adoptada por el Comité de Ministros, considerada como pactada con anterioridad y de corte político.
Weisner sostiene que “las probabilidades que el tribunal acoja el reclamo son altas. La única variable es que la decisión será tomada por una nueva sede ambiental (Antofagasta). Pero el estándar del derecho ambiental es uno y si se aplica, debiese tener más del 50% de posibilidades que se acoja”.
Fuente: Diario Financiero
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