Pese a que ha habido reuniones entre ambas entidades para establecer un mecanismo de solución, un punto ha asomado como un obstáculo insalvable hasta el momento: un artículo de pocas líneas incluido en la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 4.
Pese a que esa norma, que fija los mecanismos para las contrataciones que hace el Estado, no opera para Codelco, está el debate si el artículo 4 sí es aplicable. En este apartado se estipula que ningún órgano de la Administración del Estado, incluyendo a empresas como la minera, puede celebrar contrato con personas relacionas, salvo cuando se informe a la Cámara de Diputados y a la Contraloría.
En Codelco han concentrado sus esfuerzos en defender que la empresa se rige por el estatuto de la Ley de Sociedades Anónimas, que sí permite el contrato con personas relacionadas, aduciendo además que el informar de cada una de sus operaciones afectaría directamente a la gestión de la compañía, al revelar información confidencial contenida en los contratos.
Sumado a ello, han acusado un cambio en el criterio de parte de Contraloría, ya que en dos dictámenes anteriores, de los años 2012 y 2015, la Contraloría le ha dado validez a este operar de la minera a la hora de celebrar contratos con personas relacionadas.
Cercanos al caso estiman que al incluirse a las empresas en ese punto específico de la ley, se dio una señal clara respecto de que no es contrario a la normativa de las Sociedades Anónimas.
Fuente: Diario Financiero
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