El proceso de aprobación del proyecto, que contempla una inversión de US$467 millones, se ha extendido más de la cuenta, superando los 180 días establecidos para tramitar un EIA.
La compañía ha planteado que de no obtener los permisos antes del agotamiento del plan minero actual, Cerro Colorado deberá iniciar su plan de cierre y bajar la cortina en 2016. La empresa está hoy a la espera de que las instituciones del Estado den a conocer su parecer sobre la segunda agenda del proyecto, entregada por la compañía en diciembre de 2014.
En este documento, la empresa realizó una serie de aclaraciones y rectificaciones para lograr el permiso del proyecto. Pero de manera adicional, la minera realizó un compromiso con la comunidad con el fin de destrabar la iniciativa: en caso de que la autoridad ambiental dé el visto bueno a la continuidad operacional de Cerro Colorado, la minera propuso dejar de usar sus derechos de agua en 2023 y devolverlos al Estado para que no se vuelvan a usar.
Además, se comprometió a reducir el uso de agua en 10% en los siete años en que seguirá operando Cerro Colorado, mediante optimizaciones en la eficiencia de sus procesos.Pese a lo anterior, algunos servicios públicos solicitaron la entrega de nuevos antecedentes sobre normas de emisión, impacto de la iniciativa sobre acuíferos y bofedales, entre otros aspectos.
Fuente: Pulso
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