La empresa, que envío el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) en julio de 2013, esperaba contar con la autorización en el primer semestre de este año. Sin embargo, la obra sufrirá un nuevo retraso ya que deberá responder una tercera Adenda (informe) a los servicios públicos que deben dar el visto bueno a la expansión que asegurará sus operaciones hasta 2023.
En el nuevo documento que deberá presentar la compañía, ésta debe hacerse cargo de más de 50 observaciones, pero principalmente debe detallar nuevamente las medidas de preservación hídrica y de humedales en la zona de influencia de la iniciativa.
Otra propuesta que fue cuestionada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue la idea de la minera de que, una vez aprobada la iniciativa, dejaría de usar sus derechos de agua al 2023 paras luego devolverlos al Estado con el fin de que no se vuelvan a usar.
Fuente: Pulso
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