Entre los puntos que lista el documento firmado por la fiscal suplente de la Corfo, María Elina Cruz, se señala la afectación que existió en la reputación de SQM tras hacerse pública la decisión de contratar a los hermanos Eugenio y Julio Ponce Lerou en calidad de asesores, y que tuvo amplio análisis en la industria, con un fuerte rechazo desde el mundo empresarial y del gobierno.
En esa misma línea, se le pide a la CMF que investigue cuál habría sido la utilidad que le reportaba a la firma de concretarse esa asesoría, y en el caso de que existiera este beneficio, apela a que si el directorio pudo haber logrado esta misma utilidad contratando a otras personas en ese mismo puesto.
Por último, se habla de la opción de que exista “algún supuesto fáctico de influencia decisiva” por parte de Julio Ponce, considerando que es propietario de más del 30% de las acciones de la empresa a través del Grupo Pampa.
Esto se suma al oficio que la agencia estatal envió también a la empresa y a sus cascadas en el que pide acceder a las actas del directorio en que se acordó la asesoría y al contrato de Eugenio Ponce, ya que este tiene prohibido, por ser hermano de Julio, participar en actividades gerenciales y ejecutivas en la minera no metálica.
Fuente: El Mercurio
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