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Pascua-Lama se viabiliza tras acuerdo con comunidades

Si bien el documento de 10 páginas, denominado “Acuerdo de intercambio de información y comunicación”, está en una primera etapa, a la fecha ya hay algunas cosas claras. Entre ellas, que la mediación estará a cargo del abogado y antropólogo Alonso Barros, y que hasta ahora no se consideran compensaciones.

Fuentes cercanas a las tratativas comentaron que el hecho es inédito, si se considera que las mismas comunidades, representadas por los abogados Alex Quevedo y Lorenzo Soto, fueron las que lograron paralizar el proyecto en la Corte de Apelaciones de Copiapó, en abril del 2013. En esa ocasión, también solicitaron que el permiso ambiental del proyecto fuera revocado.

Según las fuentes, este es un primer paso para que la empresa alcance la denominada “licencia social”, ya que se buscará que en las negociaciones se consideren estándares internacionales. Dicho convenio no es vinculante y tanto las comunidades como la empresa pueden retirarse de la mesa cuando lo estimen conveniente. El acuerdo establece también que las comunidades no renuncian a tomar acciones legales o administrativas.

La primera etapa del memorándum durará seis meses y en ella la empresa entregará todos los antecedentes del proyecto a las comunidades, con el fin de que éstas evalúen información relacionada con agua, territorio y patrimonio cultural tangible e intangible. En ese proceso, que será financiado por Barrick, las comunidades podrán contratar a expertos que las asesoren. Además y en conjunto con la empresa, ya se constituyó una comisión técnica conformada por seis personas (tres de las comunidades y tres de la firma), que tendrá como objetivo realizar un informe final con las conclusiones de la evaluación. Tras ello, y siempre que las comunidades acepten, se podría dar paso a la segunda etapa: el diálogo.

En esa nueva etapa, que podría durar hasta dos años, las comunidades podrían solicitar la evaluación de un royalty indígena, herramienta utilizada en proyectos mineros en países como Canadá y Australia, y que considera el pago de entre 1% y 5% de las ventas anuales de un proyecto a la comunidad, donde se inserta.

Fuente: La Tercera