“Nosotros creemos que, evidentemente, hay fundamentos jurídicos para respaldar nuestra actuación”, dijo la autoridad tras realizar la cuenta anual de la entidad.
Añadió que se encuentran evaluando la posibilidad de recurrir a otras instancias. “Si eso plenamente se decide, será la Corte Suprema la que finalmente definirá cuál es el criterio que se debe aplicar”, enfatizó.
“Estamos viendo cuáles son los posibles argumentos que puedan generarse”, señalando que cuando se tenga una opinión informada será él o el futuro superintendente quien tomará la decisión de recurrir o no a instancias superiores.
“Lo concreto es que hay un proyecto paralizado, ejecutando las medidas provisionales y transitorias que la superintendencia dictó para cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, nos encontramos en el plano de una discusión jurídica de cómo aplicar una sanción”, dijo Monckeberg.
Fuente: Pulso
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