Lo anterior significa que el Máximo Tribunal definirá si el fallo del Tribunal Ambiental se ajustó o no a derecho, por lo que los escenarios son inciertos.
La iniciativa, que se ubicará en la Región de Coquimbo, demandará una inversión de US$2.500 millones si se concreta. Si el Máximo Tribunal dictamina que sí (que el proyecto se ajusta derecho), entonces el proyecto tiene que volver a evaluarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, como lo ordenó el Tribunal Ambiental.
“Si el Máximo Tribunal dictamina que no, el proyecto se mantendrá rechazado”, indicó el abogado de Oceana, Ezio Costa.
“Expondremos que los vicios formales identificados por el Tribunal Ambiental no tenían la entidad para invalidar las decisiones de los órganos de la administración que rechazaron el proyecto”, sostuvo la directora ejecutiva de Ocena Chile, Liesbeth van der Meer.
No fue posible obtener una versión de la compañía.
Fuente: Pulso
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