En la misiva de Valdés se preguntaba sobre la forma en que se deben determinar las utilidades a retirar por el Fisco desde las empresas del Estado.
La diferencia con Enami nació cuando en junio del 2012 la secretaría de Estado ordenó a la minera traspasar $7.773 millones. En diciembre de 2013 la petición aumentó a $13.912 millones, vale decir, algo más de US$21 millones. La firma estatal rechazó esta petición, argumentando una diferencia entre los resultados financieros y los tributarios.
Conocidos los antecedentes -tanto las preguntas de la cartera de Estado como documentos aportados por la empresa-, el superintendente de Valores, Carlos Pavez, optó por declararse incompetente y señaló que era necesario interpretar la norma por la que se rige el aporte de las compañías estatales al fisco. De hecho, el superintendente afirmó que “dicha materia escapa del ámbito de competencia de este Servicio, conforme a su ley orgánica”.
Consultada la secretaría de Estado sobre esta respuesta derivada por la SVS, declinaron hacer comentarios.
Fuente: Diario Financiero
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